La procuradora general de la República Dominicana, Miriam Germán Brito, ha generado controversia al emitir instrucciones para que los miembros del Ministerio Público se refieran a las personas de la comunidad LGBTIQ de acuerdo con su identidad de género expresada por cada individuo. Esta medida ha sido objeto de rechazo por parte de sectores políticos, sociales y religiosos en el país.
El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el pastor Feliciano Lacen, considera que esta disposición es una violación de la Constitución de la República Dominicana, ya que, según él, va en contra de varios artículos, como el derecho a la libertad de expresión y del pensamiento. Lacen argumenta que no se debe llamar a una persona por su preferencia sexual, ya que, en su opinión, esto no es asunto de preferencia, y compara esta situación con delincuentes que cometen violación y atraco.
Por su parte, Olmayra Álvarez, directora de Juventud con una Misión (Jucum), expresa preocupación por lo que considera una aprobación de agendas extranjeras en la República Dominicana. Además, plantea preguntas sobre cómo se manejarían situaciones como la de una persona que comete un crimen y se identifica como mujer, y a cuál cárcel debería ser enviada.
Soraya Suárez, secretaria del bufete directivo de la Cámara Baja, argumenta que la Constitución de la República Dominicana habla de dos géneros, femenino y masculino, y que la procuradora no puede mandar a violar la propia ley.
Este tema ha generado un debate en la sociedad dominicana sobre la identidad de género y los derechos de las personas LGBTIQ, y la controversia parece estar lejos de resolverse en el corto plazo.
