Santo Domingo, 29 de septiembre (EFE) – El Gobierno de la República Dominicana ha rechazado las acusaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, tras 10 años, privó de la nacionalidad dominicana a miles de personas.
La CIDH hizo referencia en su comunicado a la sentencia TC/0168/13, que resultó en la privación arbitraria de la nacionalidad dominicana a un número significativo de personas y dejó apátridas a aquellos que no eran considerados nacionales de ningún otro Estado.
En su comunicado, la CIDH instó al Estado dominicano a tomar medidas efectivas para restituir el derecho a la nacionalidad a las personas que aún se encuentran en esta situación y a abstenerse de adoptar leyes, políticas públicas o medidas legislativas, administrativas o judiciales que generen riesgos de apatridia en el país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana emitió un comunicado de prensa en el que rechaza categóricamente las acusaciones de la CIDH, alegando que el comunicado de la CIDH no contempla el contexto histórico y legal ni los esfuerzos realizados por el gobierno para cumplir con la Ley 169-14 de Naturalización Especial. Esta ley busca armonizar la sentencia TC/0168/13 con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos.
El gobierno dominicano destacó los "importantes esfuerzos" realizados para resolver los problemas relacionados con la nacionalidad, incluyendo la promulgación de la Ley 169-14 sobre Naturalización, que ha sido ampliamente respaldada por la sociedad dominicana. Según el comunicado, esta ley ha restituido el estatus jurídico anterior a 60.773 personas afectadas por la sentencia del Constitucional y se ordenó expedir documentos como dominicanos. Sin embargo, solo 26.123 personas acudieron a retirar sus documentos, mientras que las restantes 34.110 no los han recogido.
El Gobierno dominicano aseguró que está comprometido con la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad y no discriminación, así como el respeto a la diversidad étnica y racial de la sociedad dominicana. Además, reiteró su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad.
